El malestar surge por varios motivos. Por un lado, las cámaras resultan casi imperceptibles, ya que fueron colocadas en lo alto de las luminarias del ingreso a la localidad. Además, la señalización es escasa y confusa: los carteles que indican las diferentes velocidades —90, 60 y 40 km/h— están separados apenas por unos 70 metros, lo que obliga a una reducción brusca y riesgosa, especialmente si un conductor viene distraído o con vehículos circulando detrás.

A esto se suma que la obra de bacheo sobre la ruta no ha sido finalizada y muchos tramos continúan deteriorados y sin marcación adecuada. Incluso sectores reparados hace menos de dos meses ya presentan nuevamente roturas, lo que incrementa el malhumor de los vecinos y usuarios habituales del camino.

¿Quién controla el exceso de velocidad?

La fiscalización está a cargo de una empresa privada, Brocart S.A., contratada por la Provincia. Según trascendió —ya que no hubo comunicación oficial—, la compañía se encarga de la tecnología de detección y registro, recibiendo un porcentaje de lo recaudado por las multas.

Lo que hay que saber sobre las fotomultas

Según fuentes consultadas por Cristalurdi, una fotomulta en la Ruta Provincial 20 podría considerarse no válida si no existe una notificación inmediata. La normativa indica que, tratándose de una ruta, debe haber un aviso cercano a la infracción y, además, el conductor debería ser detenido a una distancia razonable del control para ser notificado de manera fehaciente. Si esto no ocurre, podría existir un vicio en el procedimiento.

La situación genera incertidumbre entre los automovilistas, quienes piden mayor claridad, señalización adecuada y garantías de que los controles se ajusten a la normativa vigente.

LA EMPRESA PRIVADA SE ENTREVISTÓ CON EL INTENDENTE DE ALDEA S.ANTONIO, SOLO PARA INFORMARLE DE LA NOVEDAD